el juicio

El PP y UPN

2009-10-02T10:33:00.004+02:00

Volvemos a la actualidad política con la polémica que hay en Berriozar. Un concejal de UPN, Moisés Ayerra, afiliado al PP, ha presentado una moción en nombre del PP para dar un "giro radical" a la política económica del Gobierno de Navarra.

Sergio Sayas le amenazó con expulsarlo del grupo y crear otro "Caso Cristina Sanz", por lo que el de Buñuel forzó su expulsión del pleno y evitó enfrentarse a su compañero de grupo municipal. La situación es surrealista, pero lo verdaderamente indignante es que Sayas utilice a un Ayuntamiento para intentar sacar tajada política. Después del verano que ha dado, Sayas no descansa. ¡Qué pesado!

Os ponemos aquí la moción para que la veáis.

Consejos vendo y para mí no tengo

2009-06-24T11:44:00.003+02:00

Hoy en Diario de Noticias aparece un artículo de opinión firmado por José Antonio Mancho, ex concejal de IU en el Ayuntamiento de Pamplona. Habla sobre Huarte. Sin embargo, sorprende que no hablen sobre Etayo. Hablan de lo que les interesa (no tienen representación en el Ayuntamiento de Huarte) y callan sobre lo que no les interesa (Etayo).

De todas formas, ponemos aquí el artículo de Mancho.

En Huarte se vive de escándalo

Huarte, en el disparadero

2009-06-23T10:24:00.002+02:00

El pleno de ayer reprobó a los dos anteriores alcaldes. Por cierto, la anterior alcalde ejerce ahora de consejera del socialista Javier Torrens, como presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Huarte reprueba a Iriguíbel y Miqueleiz por "irregularidades y gastos injustificados"

El Ayuntamiento de Huarte pide que se fiscalicen más proyectos

Lo que está claro es que esto no ha hecho más que comenzar y que habrá más capítulos sobre este Ayuntamiento. Por cierto, cambiando de tema, IU NO nos ha contestado sobre Etayo. No quiere decir nada. Lamentable que haga la técnica del avestruz y no quiera saber nada del tema. ¿Por algo será?

Otro alcalde absuelto por prevaricación

2009-06-17T13:13:00.004+02:00

No prevaricó, pero "sí realizó prácticas irregulares"

El alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, ha sido absuelto del delito de prevaricación que se le imputó al no haber quedado probado que lo cometiera en la adjudicación de dos viviendas de protección oficial construidas en esta localidad navarra.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona, frente a la que cabe interponer recurso de apelación, basa la absolución en la aplicación del derecho a la presunción de inocencia y en la falta de pruebas. En el juicio, celebrado el 15 de enero, el Ministerio Fiscal había solicitado una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por considerar a Larrea autor de un delito de prevaricación.

Sin embargo, la sentencia establece que, pese a la existencia de "una inobservancia del procedimiento establecido", el acusado no sólo "no era conocedor de la irregularidad" sino que "pensó que si los técnicos no ponían reparos a la actuación, era porque ésta era ajustada a derecho". Los hechos se iniciaron cuando Casimiro Larrea, elegido por IUN-NEB, decidió a partir de febrero de 1998 crear una sociedad urbanística municipal denominada Iturgain, que fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento el 29 de mayo de ese año e inscrita en el Registro Mercantil cuatro meses después, con el alcalde como presidente y consejero delegado.
Iturgain, para cuya gestión se firmó un contrato con la empresa Aranade SL, promovió en el 2002 en el sector denominado "Mendikur" la construcción de dos fases de viviendas, una de 216 de protección oficial y otra de 210 de protección oficial y libre tasada.

Para esa primera fase de 216 viviendas se presentaron 777 solicitudes y las adjudicaciones se realizaron, como establecía entonces la legislación vigente en Navarra, de acuerdo con los criterios de selección establecidos por los promotores, aunque posteriormente 77 personas renunciaron a la compra de la vivienda asignada por diversos motivos, con lo que se volvieron a adjudicar.

No obstante, a 21 de noviembre de 2005 quedaba dos viviendas sin adjudicar, una por fallecimiento del designado y otra por problemas de financiación, las cuales fueron solicitadas por algunos vecinos de forma particular, porque las vacantes no se habían publicitado, y se concedieron a dos de ellos que no habían participado en el proceso previo de selección.
Tras estos hechos, el alcalde reconoció en un pleno municipal, ante las preguntas de un concejal, que se habían adjudicado esas dos viviendas "a dedo", ante lo cual el departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra pidió una documentación que no le fue remitida tras alegar que se había destruido.

La actuación del alcalde, según subraya la sentencia, "no se ajustó al procedimiento administrativo, fundamentalmente porque se decidió una adjudicación de vivienda sin expediente administrativo previo", por lo que establece que "hubo una irregularidad en el hecho en sí de adjudicar las dos viviendas" y "también en la forma".

Pero también asegura que "no puede identificarse de forma automática la omisión del procedimiento con la calificación de los hechos como un delito de prevaricación".
En este caso, explica la resolución judicial, "el acusado reconoce los hechos, que además están perfectamente documentados, pero alega en su defensa que actuó sin interés espúreo y en el convencimiento de la legalidad de su actuación, aceptando como dato no controvertido que no hubo beneficio personal en su actuación".

Además tiene en cuenta que en la junta en la que se formalizaron las dos adjudicaciones "estaban presentes al menos dos abogados, el secretario y el asesor de Aranade" y "ninguno advirtió de la presunta irregularidad".
Este dato "objetivo" avala la declaración de inocencia del acusado, a juicio del tribunal, que decide por tanto aplicar el principio "in dubio pro reo" al considerar que no se puede suponer que el acusado actuara "a sabiendas".

El informe de Comptos sobre Huarte

2009-06-11T17:34:00.002+02:00

El Ayuntamiento de Huarte sigue siendo noticia y, como han surgido dudas sobre lo que estamos hablando, aquí ponemos el link del informe de la Camara de Comptos.

Como siempre, el Txorizo Foral opina, pero sobre todo informa.

Más información sobre Huarte mañana.

Huarte se suma al carro

2009-06-11T10:34:00.004+02:00

Las localidades en las que se plantean dudas sobre el desarrollo urbanístico siguen creciendo. La última en salir a la palestra es Huarte, donde curiosamente gobiernan Nafarroa Bai y ANV. Ya tenemos a todos los partidos políticos salpicados por el txorizoforal.com. De todas formas, nos han escrito a nuestro correo electrónico para decirnos que en Nafarroa Bai de Huarte ya sólo quedan personas de EA, puesto que los miembros de Aralar, Batzarre y algunos independientes abandonaron al alcalde por precisamente "poner pegas para la investigación de lo que ahora denuncia la Cámara de Comptos".

Veremos en qué acaba todo. Ya hemos preguntado a IU por su opinión sobre Etayo y aún no nos han respondido y vamos a hacer lo mismo con EA y ANV.

De momento, os pongo los links de los dos periódicos navarros que se hacen eco de la movida que se está dando en Huarte.

El Tribunal de Cuentas estudiará si hay responsabilidad contable en 4 actuaciones irregulares en Huarte

Comptos envía a la fiscalía cuatro puntos sobre su informe de Huarte

Etayo en los medios

2009-06-10T11:02:00.004+02:00

El asunto de Etayo sigue dando que hablar. Ayer se denunció que el alcalde censó a 15 personas inmigrantes para conseguir la alcaldía, maniobra que han utilizado otros políticos para conseguir ser alcalde, como por ejemplo, Pitillas o Sorlada.

Aquí os linkamos la noticia aparecida hoy en prensa.

NaBai denuncia que a UPN, PSN e IUN no les interesa esclarecer las irregularidades del alcalde de Etayo

Novedades en Etayo

2009-06-09T13:38:00.004+02:00

Han pasado ya unos días de la publicación de la sentencia del Caso Egüés y aún no damos crédito a lo leido, pero bueno, continuaremos con nuestra labor anticorrupción. Ayer en el Parlamento de Navarra se vieron unas votaciones cuando menos curiosas.

En primer lugar, UPN y PSN se negaron a que compacieran en el Parlamento los profesores de la UPNA que han recogido más de 3.000 firmas contra "La estafa de Guendulain". Por un lado, nos parece increíble y sobre todo de poco sentido democrático que nieguen la comparecencia de estas personas que han conseguido el apoyo de, al menos, 3.000 navarros y navarras. No obstante, esta decisión de UPN y PSN no nos pilla de sorpresa, puesto que viene siendo algo habitual.

En segundo lugar, UPN, PSN e IU (hemos puesto bien, IU, Izquierda Unida) se negaron también a que comparecieran en el Parlamento vecinos y vecinas de Etayo y el asesor legal de este municipio para hablar sobre la posible corrupción que se ha dado en el Ayuntamiento. De momento, el alcalde Antonio Sanz de Acedo (UPN) dice que el secretario, Rafael Hervas (ex concejal de IU en Estella) es el culpable mientras que éste dice que actuó coaccionado. En el apartado de otros casos de corrupción ya abordamos hace unas semanas este caso.

El asunto está en el Juzgado de Estella y no nos entra en la cabeza por qué IU se niega a que se hable de este tema en el Parlamento. Sabíamos que UPN y PSN lo iban a hacer, pero ¿IU?

¿Por qué lo hacen? Por otro lado, este Rafael Hervas también es secretario de Murugarren, donde también se han detectado casos de corrupción. Desde luego, este blog está abierto a que alguien de IU dé su versión de los hechos.

EL JUEZ CONDENA SÓLO A GALIPIENZO Y SU TESTAFERRO

2009-06-04T17:01:00.001+02:00

El titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona ha condenado al ex alcalde del Valle de Egüés Ignacio Galipienzo como autor de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de multa de 7 meses con una cuota diaria de 150 euros y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 año y 3 meses. También le ha condenado por un delito de prevaricación, con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de prisión de 1 año e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 8 años.
En la sentencia, notificada hoy, el magistrado también ha condenado a José Luis Ruiz Bartolomé, como cooperador necesario de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de multa de 4 meses con cuota diaria de 25 euros y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas y suspensión para empleo o cargo público por 7 meses.
El juez, por otra parte, ha absuelto a Galipienzo y Ruiz Bartolomé del delito de cohecho por el que estaban acusados, y asimismo ha absuelto al resto de acusados.

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a don Ignacio Galipienzo Jiménez del delito de cohecho del que venía siendo acusado, con declaración de las costas de oficio.
Que debo condenar y condeno a don Ignacio Galipienzo Jiménez, como autor responsable de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, previsto en el art. 441 del Código Penal, con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de multa de 7 meses con una cuota diaria de 150 euros y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 año y 3 meses, así como al pago de las costas causadas en este delito incluidas las de la acusación particular.
Que debo condenar y condeno a don Ignacio Galipienzo Jiménez, como autor responsable de un delito de prevaricación previsto en el art. 320.2 del Código Penal, con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de prisión de 1 año e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 8 años, así como al pago de las costas causadas en este delito incluidas las de la acusación particular.
Que debo absolver y absuelvo a don José Luis Ruiz Bartolomé del delito de cohecho del que venía siendo acusado, con declaración de las costas de oficio.
Que debo condenar y condeno a don José Luis Ruiz Bartolomé, como cooperador necesario de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos previsto en el art. 441 del Código Penal en relación con el artículo 65.2 del CP, con la concurrencia de la atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de multa de 4 meses con cuota diaria de 25 euros y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas y suspensión para empleo o cargo público por 7 meses, así como al pago de las costas causadas en este delito incluidas las de la acusación particular.
Que debo absolver y absuelvo a doña Nuria Alas Brun del delito de cohecho y del delito de prevaricación de los que venía siendo acusada, con declaración de las costas de oficio.
Que debo absolver y absuelvo a don Emilio Izquierdo Jiménez del delito de cohecho del que venía siendo acusado, con declaración de las costas de oficio.
Que debo absolver y absuelvo a doña María Concepción Flores González del delito de cohecho del que venía siendo acusada, con imposición a la acusación popular de las costas derivadas únicamente del acto del juicio oral por su temeridad al mantener la acusación.
Que debo absolver y absuelvo a don Jesús Marco del Rincón del delito de cohecho del que venía siendo acusado, con declaración de las costas de oficio.
Que debo absolver y absuelvo a don Luis Galo Barahona Alvarez del delito de cohecho del que venía siendo acusado, con imposición a la acusación popular de las costas derivadas únicamente del acto del juicio oral por su temeridad al mantener la acusación.
Se hace reserva expresa de las acciones que pudieran corresponder al M.I. Ayuntamiento del Valle de Egües como perjudicado por las licencias otorgadas por el Sr. Galipienzo sobre la parcela S.2.2.
Esta resolución no es firme, sino que la misma es susceptible de recurso de apelación ante este Juzgado dentro de los diez días siguientes a su notificación, cuyo conocimiento corresponderá a la Audiencia Provincial de Navarra.

EUROPA TAMBIÉN RECLAMA PENAS PARA LOS CORRUPTORES

2009-05-29T10:15:00.001+02:00

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, recomendó ayer a España "sancionar más duramente" las infracciones relativas a la corrupción y al tráfico de influencias. Pero esta recomendación no se limitaba únicamente a los cargos públicos que aceptan dádivas a cambio de contratos o favores, también se hacía extensiva a los empresarios que las ofrecenEn un informe publicado ayer, tras la visita que los expertos del GRECO realizaron a España el 22 y 23 de septiembre de 2008, este organismo considera que las sanciones penales relativas a los dos delitos citados "son muy débiles".

El texto se centra en la criminalización de la corrupción y la transpaencia en la financiación de los partidos políticos. En el primer apartado, el GRECO considera una "laguna grave" el hecho de que la corrupción en el sector privado no sea una infracción penal, ya que las funciones públicas y privadas "son cada vez más interdependients". Aparte de la necesidad de prestar mayor atención a la dimensión interncional de este problema -incluyendo la extradición de agentes públicos-, el GRECO solicita a España, miembro de este grupo desde 1999, que ratifique lo antes posible el Convenio Penal sobre Corrupción, así como su Protocolo adicional, que fue firmado en el día de ayer.

En materia de transparencia en la financiación de partidos políticos, se pide la garantía de que los préstamos concedidos a los partidos políticos "no se utilicen para esquivar la reglamentación aplicable" a la propia financiación.

CONTROL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Además se aconseja definir un formato común para la contabilidad y los informes de los partidos, tanto a nivel nacional como local, reforzar el sistema de auditoría interna y dotar de mayores medios al Tribunal de Cuentas. De este modo, el sistema de sanción "debe asegurar la disciplina financiera" de los partidos, reforzando su sistema de control interno.

El GRECO solicita también "definir claramente" las infracciones a las disposiciones relativas a la financiación de los partidos y "poner en marcha sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias" de estas infracciones, para lo cual se recomienda "ampliar su abanico y su alcance". El informe de 58 páginas reconoce los esfuerzos desarrollados con la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre la financiación de los partidos políticos. Durante su visita a España, los expertos del GRECO mantuvieron encuentros con los responsables de los Ministerios de Justicia e Interior, el Ministerio Público, jueces, y miembros del Consejo General del Poder Judicial.También se entrevistaron con la ONG Transparency International, así como con representantes del mundo universitario, los medios de comunicación y un grupo de abogados penalistas.

El GRECO evaluará la puesta en marcha de las recomendaciones realizadas a España a lo largo del primer semestre de 2011.

Una de autobombo

2009-05-20T12:38:00.003+02:00

Tras dos semanas en internet, hoy toca una de autobombo. Hemos rebasado los dos millares de visitantes y continuamos haciendo amigos y amigas en facebook. Por supuesto, seguimos recibiendo correos de personas que nos leen y nos ponen en pista sobre nuevos casos de corrupción. En unos días daremos a conocer nuevas investigaciones y a recuperar temas pasados pero que aún están en los tribunales como es el Canal de Navarra, proyecto en el que UPN sigue gastando dinero de las arcas forales.
Por otro lado, de momento queremos dar las gracias a todas las personas que nos siguen a través del facebook. Políticos navarros como el parlamentario Maiorga Ramírez, los concejales de Pamplona Itziar Gómez o Aritz Romeo, el concejal de Antsoain Patxi Leuza o políticos de la CAV como Aintzane Ezenarro, Dani Maeztu, Oxel Erostarbe, Oxkar Matute o Mikel Arana.
También nos sigue Juan Carlos Longas, director del departamento de Economía de la UPNA, periodistas como Fernando Urra, David Pejenaute (estuvo de contertulio en Pasalo) y Javier Domínguez (Txistorra Digital y de Radio Euskadi) o el director del Planetario de Pamplona, Javier Armentia.

Gracias a todos. Nosotros seguiremos al pie del cañon.

ANDRÉS PERCAZ: "UNA SENTENCIA QUE DEJE LIBRE A LOS EMPRESARIOS SUPONDRÁ LA RECALIFICACIÓN INMEDIATA DE LA PARCELA"

2009-05-19T11:48:00.002+02:00

Andrés Percaz es el abogado que ha llevado la acción popular en el juicio del caso Egüés. Defiende que la importancia de este proceso es poner coto a la impunidad con la que los constructores pergueñan sus negocios a costa del interés público. Avisa de que una sentencia que no implique a los empresarios en el delito de cohecho será como una puerta abierta para los corruptores y demanda que se limite la capacidad de las grandes firmas para influir en los planeamientos urbanísticos municipales. Para él, el caso Egüés es, sobre todo, la oportunidad de la Justicia de demostrar que son tan culpables de un delito de estas características los políticos que cobran como los empresarios que pagan.

- ¿Cree que habrá una condena ejemplar en este juicio?
La verdad es que creo que no porque considero que una sentencia ejemplar sería aquella que condenara no sólo a Galipienzo y a sus técnicos, sino también a los empresarios que le pagaron. Sospecho que la sentencia dejará fuera a estos y lo sospecho por la aptitud del fiscal y la acusación del ayuntamiento que, pese a reconocer en sus conclusiones que hubo cohecho, no han pedido penas por ese delito. Ellos mismos reconocieron que Galipienzo había adquirido el compromiso de recalificar la parcela y que había cobrado por ello, e incluso el abogado del Ayuntamiento mostró sus dudas de que los pagos no hubieran sido concertados y compartidos por Flores y Aricam, pero, pese a todo, no mantienen los cargos.

- ¿Entonces la sentencia no abarcará tanto a corruptos como a corrompedores?
Está en manos del juez, pero desde luego por los planteamientos del Ministerio Fiscal no será así. Separar la acusación en dos partes, negociaciones prohibidas y prevaricación, rebaja las peticiones de pena y no engloba el delito de cohecho pese a que, como ya he dicho, el propio fiscal reconocía indicios claros que apuntan a ese delito. Es decir, en el planteamiento formal de la causa separa esas dos prácticas para evitar reconocer la existencia del cohecho (que es lo que nosotros hemos denunciado), pero en sus consideraciones finales las une conformando, precisamente, la tipología de ese delito

- Y si no se da esa condena ejemplarizante, ¿sería una decepción?
Desde el punto de vista personal y como ciudadano sí porque sería la prueba de que, una vez más, quedarían impunes los corrompedores. La verdadera naturaleza de este juicio, el hecho diferencial, era que por primera vez se sentaban en el banquillo los que cobraron y los que pagaron, dejar sin responsabilidad a estos últimos sería, a nuestro entender, una muy mala praxis.
Desde el punto de vista profesional no podríamos hablar de decepción porque el proceso se ha llevado bien, hemos superado los intentos que ha habido por sacarnos de él y, al final, hemos podido defender nuestras tesis. Ahora todo está en manos del juez que tiene mucho margen para decidir.

- ¿Se recurrirá una sentencia desfavorable?
Habría que estudiarlo, no es cuestión de recurrir por recurrir. Habría que acreditar que el juez se ha equivocado en sus valoraciones y habría que sustentar en qué erró. Adelantar que va a pasar sin tener la sentencia delante es algo que no podemos hacer.

- ¿Qué conclusiones saca de las cuatro sesiones que ha durado el proceso?
En líneas generales el juicio ha sido muy positivo. En el plano político ha servido para dar continuidad a una comisión de investigación como la que en su día celebró el Parlamento de Navarra y que se cerró en falso como reconocieron los propios socialistas gracias a la mayoría absoluta con la que entonces contaban UPN y CDN.
En cuanto a lo judicial, ha sido muy importante poder debatir sobre las pruebas presentadas, sobre lo que ocurrió y como ocurrió. A nuestro juicio ha quedado acreditada la existencia de un delito de cohecho y creemos que es ineludible responsabilizar de él no sólo a quien cobró, sino también a quien pagó para conseguir ilegalmente una oportunidad de negocio.

- ¿Cual de todas las pruebas presentadas cree que es la más esclarecedora?
A mi juicio, el testimonio de los dos policías forales que siguieron la investigación porque avalaron nuestras tesis y sorprendieron tanto a la Fiscalía como a la defensa del ayuntamiento. El primero certificó que el dinero pagado por Aricam, es decir por Galo Barahona y Emilio Izquierdo, no se ajustaba a ningún tipo de trabajo específico desarrollado por Galipienzo para Aricam. Las facturas no se correspondían con tareas específicas encargadas por esa compañía a uno de sus asalariados, lo que deja claro que esos pagos eran parte de la comisión acordada por Galipienzo para la recalificación del terreno. Eso lo mantuvo también el segundo de los policías, que aseguró ante el tribunal que su opinión es que los pagos estaban íntimamente ligados a esta operación.
Otra de las pruebas fundamentales fue que Conchita Flores declaró en hasta tres ocasiones que sabía que la parcela era escolar. Que de repente aparezca una recalificación parcial y ella acceda a vender tras esa recalificación pagando además una comisión a un intermediario, demuestra que su compañía participó en la manipulación y pagó por conseguir una recalificación que sabía que no podía tener.

- ¿Cómo valora la actuación del Ministerio Público?
Como sorprendente. Desde el principio y con el planteamiento de la cuestión previa, nos quiso sacar a nosotros del proceso para que no se fundamentara una petición de pena más ajustada a los hechos que la que el ministerio solicitó. Y eso queda demostrado, como ya he dicho, en la calificación final de los hechos en la que la propia fiscalía reconoce que se dieron las bases fundamentales de un delito de cohecho, aunque no pidió las pertinentes penas.

- ¿Y de las defensas?
Creo que han hecho todo lo que han podido para defender a sus clientes.

- Enfrentarse a abogados del caché de los defensores de Flores o Izquierdo imagino que es un aliciente.
Es un reto que obliga a estar más atentos al desarrollo del juicio puesto que enfrentarte a litigadores de tanta experiencia exige alerta permanente, sobre todo el primer día, cuando plantearon y justificaron la petición de que nosotros fueramos apartados del proceso como acusación popular.
Sin embargo, también creo que tanto nombre y caché no es garantía de nada puesto que al final nosotros seguimos en el juicio y algunas de las pruebas testificales creo que se les volvieron a ellos en contra. Me refiero básicamente a dos: el testimonio de Manuel Álvarez, el responsable de Salud Laboral 3000, que no fue capaz de aclarar ante el juez su responsabilidad y la de sus jefes de Aricam en el proceso de recalificación, y la del anterior alcalde de Egüés que reconoció que ya se le había advertido a Flores que no se podía cambiar la calificación de la parcela.

- ¿Qué se ha quedado en el tintero en este juicio?
A mi juicio dos cosas. La primera, la responsabilidad real de Aricam en este delito y el fin último que trataban de dar a la parcela. Uno de sus socios, Javier Troyas, hubo de reconocer ante el tribunal que finalmente se iba a dividir la parcela en 188 más pequeñas para construir en ellas viviendas, a pesar de que ellos las llamen apartamentos.
En segundo lugar, la prestación de falsos testimonios ante el juez. Es el caso de Manuel Álvarez y Marco Antonio Caballero, gestores de Salud Laboral 3000, contra quienes hemos pedido la apertura de un proceso por falso testimonio. Ellos fueron los artífices de la compra de la parcela a Flores y de su venta a Aricam a través de Apartamentos Gorraiz y a lo que acudieron a la sala fue a asegurar que no recordaban nada, a falsear las cantidades que cobraron por la oporación y, en definitiva, a engañar al juez.
En el caso de Álvarez, si la juez de Aoiz que instruyó el caso no hubiera decretado el secreto de sumario, nosotros hubiéramos pedido su imputación como colaborador necesario en un delito de cohecho. A nuestro entender, esa figura delictiva quedó clara tras escuchar su testimonio.

- ¿Por qué cree que desistieron de seguir con el proceso el resto de acusaciones populares, me refiero en primer lugar a los concejos del valle y, en segundo, al ayuntamiento de Egüés?
Los concejos dieron tres razones y yo no tengo elementos para cuestionarlas: en primer lugar dijeron haber satisfecho sus aspiraciones con la celebración del juicio; en segundo lugar criticaron que se había tardado mucho en ponerlo en marcha y, en tercer lugar, argumentaron falta de liquidez para poder afrontar el proceso.
En cuanto a la rebaja de peticiones del ayuntamiento, ellos mismos han reconocido que se debe a un acuerdo alcanzado con la gente de Aricam por el cual el consistorio retiraba las acusaciones plantaeadas contra Galo e Izquierdo a cambio de que éstos retirasen las peticiones de indemnización que habían pedido. Es un acuerdo deontológicamente cuestionable, pero ellos sabrán porqué lo han hecho.

- ¿Intentó alguien comprar su silencio para que se retiraran del proceso?
Es difícil que lo consiguieran, sólo digo eso. Y más cuando sabemos que con fecha 26 de septiembre presentaron un escrito en el ayuntamiento para recalificar la parcela S.2.2.

- Es decir, que tienen la certeza de que hay un acuerdo para cambiar el destino que se dará a la S.2.2. ¿el ayuntamiento y Aricam han llegado a un acuerdo de permuta?
La parcela hoy sigue siendo escolar, pero sí, existe ese acuerdo y tiene fecha de 26 de diciembre. Según lo que hemos sabido, ese pacto incluye mantener una parte de la superficie de la parcela para construir oficinas para la venta, mientras otra parte Aricam la entrega al Ayuntamiento a cambio de unidades de aprovechamiento en otras partes del municipio.

- ¿Pero eso es poco menos que dar cobertura a toda la operación?
Es brindarles la ocasión a quienes han corrompido de recuperar una mala inversión y hacer negocio a costa de los intereses de los vecinos de Egüés. Es como el caso de Guenduláin, se están primando los intereses de los constructores por encima de los de la Administración Pública y ésta acaba perdiendo dinero para que los otros la ganen. Sería una vergüenza y por eso los actuales regidores de Egüés mantienen en secreto ese acuerdo.
De hecho, estamos convencidos de que si de este proceso sale una sentencia favorable a los intereses de Aricam, la permuta de los terrenos se realizará, sí o sí, inmediatamente, tanto la permuta como la recalificación de parte de la S.2.2.

- Servirá para algo toda la tramitación de este proceso, es decir, ¿cree que los corruptos toman nota y los corrompedores también?
Si pasa esto último de lo que estamos hablando, evidentemente no. Si hay una sentencia condenatoria también para los empresarios, las cosas cambiarán. Sin embargo la experiencia nos demuestra que los corruptores van diseñando cada vez sistemas más elaborados para tratar de ocultar sus fechorías, de ahí la importancia de estar cada vez más atentos.

El abogado famoso de Conchita Flores

2009-05-18T17:14:00.005+02:00

Hace unos días os hablábamos en la sección El Mentidero sobre Victor Moreno Catena, abogado de Conchita Flores en el juicio sobre el Caso Egüés y hoy le entrevistan en la contraportada de El País.

Curiosamente el titular de la entrevista es el siguiente: "La justicia democrática puede acabar de un soplo". Además dice que éste será el siglo de la justicia... Ya se verá qué justicia se hace con el Caso Egüés y con todos los imputados, pero nosotros pensamos que tanta culpa tiene el corrompido como el que corrompe.

Por cierto, el abogado se gastó en la entrevista 88,28 euros en una comida. No está mal para un menú de crisis. ¡Cuestión de justicia social!

Comienza semana decisiva contra los corruptos

2009-05-18T10:17:00.003+02:00

La semana que hoy comienza promete en lo que corresponde a las decisiones judiciales que se van a anunciar tanto sobre el Caso Egüés, como en el Caso Cintruénigo. En principio, como ya dijimos la semana pasada, el juez del caso Egüés anuncio que daría a conocer su sentencia en apenas una semana o diez días, por lo que a finales de esta semana saldremos de dudas.

Asimismo, queda pendiente lo que pueda suceder con el ex alcalde de UPN en Cintruénigo, Faustino León. La juez de Tudela tiene que decidir si está o no imputado. De ser así, el caso pasará al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y León declará en Pamplona como imputado.

Protagonistas en la Txistorra Digital

2009-05-18T10:14:00.005+02:00

El Blog de la Txistorra Digital nos ha hecho una entrevista. En esa entrevista hablamos de nuestros objetivos y anunciamos que lo que ha comenzado como un blog, no tardará en ser una web. Seguiremos informando...

Por otro lado, queremos dar las gracias a la Txistorra por esta entrevista y por seguirnos día a día.

El que quiera saber más sobre nosotros lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico lacorrupcionajuicio@gmail.com.

Emilio Izquierdo

2009-05-15T09:59:00.005+02:00

Hoy volvemos a referirnos a Emilio Izquierdo porque estamos alucinando con lo que escribe en su página web personal. Desde luego que tiene el ego bien subido. Copiamos textualmente algunas de sus frases:

"No es profundamente injusto que durante dos años y medio mi nombre haya aparecido, casi a diario, en ese medio de comunicación (Diario de Noticias) sin que se me haya permitido ejercer mi derecho a réplica".

Este personaje, que dice que militó en UPN hasta 2004 interpuso varias denuncias y presentó varios actos de conciliación contra Patxi Zabaleta, Juan Cruz Alli y contra Diario de Noticias porque decía que "él no estaba imputado" en el Caso Egüés. Incluso, los ponía, obligaba a Zabaleta, Alli y al Noticias a acudir a esos actos y él no aparecía. Un tiempo después se ha visto que él sí estaba imputado. De hecho, ahora lo reconoce en su propia web.

Emilio Izquierdo

2009-05-14T13:25:00.002+02:00

El directivo de Aricam, Emilio Izquierdo, es una de las personas que se ha sentado en el banquillo en el juicio del Caso Egüés. Fue director general de Industria entre 1997 y 1999 ydesde 2003 es director general de Cetya. Este señor, que fue afiliado a UPN, ha abierto una página web que podéis visitar y que no tiene desperdicio.

Su web tiene reflexiones suyas entre las que ataca a Diario de Noticias, a su director Pablo Muñoz y a periodistas del medio como Kepa García y Alberto Gil. Asimismo, ataca con la misma firmeza a Aralar.

En unos días tendremos más información sobre este personaje.

Oroz se sale

2009-05-14T10:12:00.002+02:00

El genial César Oroz se ha sumado al juicio del Caso Egüés y nos ofrece su personal visión de lo acontecido durante el proceso judicial.

Gráfico de la trama del Caso Egüés

2009-05-14T09:46:00.002+02:00

El juicio del Caso Egüés ya ha terminado pero nuestros seguidores siguen aportándonos ideas e incluso un gráfico que resume toda la trama entre Galipienzo y los que trabajaban a su alrededor en el Ayuntamiento del Valle de Egüés, asi como la participación de las constructoras.

La prensa de hoy

2009-05-13T10:26:00.002+02:00

El juicio ya ha quedado visto para sentencia. En una semana, más o menos, el juez dará a conocer la sentencia. Han pasado muchos años desde que se descubrió este caso de corrupción y el juicio se ha celebrado en apenas una semana.

La prensa escrita hoy hace el último esfuerzo y publica las conclusiones de la acusación y de la defensa. Llama la atención la defensa que el Diario de Navarra parece hacer de los constructores, atacando a Aralar por haberse personado. De hecho, las palabras del abogado de Aralar no aparecen por ningún lado.

Os ponemos los links con todas las noticias sobre el juicio:

El fiscal concluye que a Galipienzo le superó el "interés particular" al conceder la licencia

Aralar aprecia cohecho en un "concierto de voluntades lucrativo para todos"

Aricam justifica los pagos a Galipienzo por negocios que hizo fuera de Navarra

La defensa del ex alcalde afirma que todo el dinero que cobró corresponde a su trabajo privado

El letrado de Bartolomé dice que su mediación fue "legal

La defensa de flores alega que "aquí sólo hay hipótesis"

El fiscal destaca que a Galipienzo le "superaban los intereses particulares"

"No ha cometido ningún delito y sólo cabría el reproche político o de la sociedad, que ya ha pagado con creces"

VISTO PARA SENTENCIA

2009-05-12T16:18:00.001+02:00

El juicio del caso Egüés queda hoy visto para sentencia y el veredicto se conocerá en una semana o 10 días. Las defensas de los seis acusados (el gerente municipal, Jesús Marco, ha sido apartado de la causa al retirar los cargos que contra él mantenía la acusación popular), piden la libre absolución; la fiscalía, penas y multas testimoniales (15.000 euros para Galipienzo, 1.800 para Ruiz Bartolomé y 900 para Nuria Alás); la acusación particular (Ayuntamiento de Egüés), una multa de 54.000 euros contra Galipienzo y la acción popular mantiene los cargos por cohecho contra los seis acusados: 2 años y 4 meses de prisión para Ignacio Galipienzo, Emilio Izquierdo, Luis Galo Barahona, Conchita Flores y José Luis Bartolomé, además de Nuria Alás, para quien, como colaboradora necesaria, reclama 10 meses de prisión. Además, la acusación popular solicita que se imponga una multa de 271.993 euros a los autores del cohecho (tanto quienes pagaron como quienes cobraron) y otra de 50.000 euros a la colaboradora necesaria. Igualmente y a tenor de lo observado en el juicio, esta parte ha solicitado la apertura de un procedimiento por falso testimonio contra Manuel Álvarez y Marco Antonio Caballero, gestores de Salud 3000, la empresa de Aricam que ejecutó la operación de compra venta.

Será ahora el juez que ha presidido el proceso, el titular de la Sala Cuarta de la Audiencia Provincial, Emilio Labella, quien tomará la decisión que considere oportuna y que, sea cual sea, es previsible que vaya a ser recurrida por alguna de las partes. La decisión, que tardará una semana en hacerse pública, es clara: determinar si hubo conducta delictiva, en qué grado y a quien afecta. En caso afirmativo, Labella tiene ante sí una responsabilidad evidente: elegir si en un proceso de estas características (delito urbanístico) ha de condenarse sólo a los corruptos o también a los corrompedores. De ser esto último, una sentencia condenatoria sería absolutamente histórica en Navarra

Sin embargo, más allá de lo meramente expositivo, lo escuchado ayer en el Palacio de Justicia merece un comentario en profundidad.

Cortinas de humo y vendettas

Hay cosas que son difíciles de entender para el común de los mortales. Si se reconoce la existencia de dos delitos, uno por negociaciones prohibidas (un funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las Leyes o Reglamentos, realiza, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo) y otro de prevaricación (consiste en que un funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas que dicha resolución es injusta), y además se constata el pago de una cantidad a modo de remuneración por conseguir lo que legalmente no se podía (en este caso 150.000 euros pagó Flores y 90.000 Aricam a Galipienzo y Bartolomé), ¿cómo es posible que no haya cohecho (consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita un regalo, ya sea en metálico o especias, a cambio de realizar u omitir un acto)? Y más aún, certificada la existencia de esa conducta delictiva, ¿porqué se acusa sólo a quien cobra y no a quien paga?

La mirada obtusa de la defensa del Ayuntamiento de Egüés podría justificarse, en un ejercicio de condescendencia infinita, por la necesidad perentoria de que este juicio acabe para que deje de manchar el buen nombre de la localidad. Sin embargo, ni siquiera eso justifica el hecho de que se busque cerrar en falso este caso más que nada porque el mensaje que se manda a la ciudadanía es que, en la Administración del valle, quien roba no paga. Quizá las claves de tanta tibieza haya que buscarlas en dos hechos: el primero, que quien hoy gobierna en Egüés es heredero político de Galipienzo (José Antonio Andía, al igual que el ex alcalde encausado, es de UPN); el segundo, el destino final que se dará a la polémica parcela S.2.2. de uso escolar y la posibilidad de que el ayuntamiento ya haya cerrado una permuta de terrenos para conceder a Aricam, dueña actual de la S.2.2, licencia para construir en otra parcela a cambio de la devolución de ésta. De existir este acuerdo, lo que habría hecho Andía es, simplemente, dar marchamo de legalidad a toda la operación.

Pero no se nos ocurre ninguna justificación posible al hecho de que sea la Fiscalía, el ministerio que en teoría ha de velar por el bien público, el que pase de puntillas por un proceso como este, asegure que “no es el gran caso de corrupción de Navarra” y se limite a pedir penas y multas testimoniales para el regidor que lo posibilitó (Ignacio Galipienzo), el testaferro que lo ocultó (José Luis Ruiz Bartolomé) y la arquitecta que lo avaló (Nuria Alás). Ahí queda todo; nada contra quien pagó para que se cometiera el delito (Conchita Flores) y nada contra quienes idearon toda la operación con fines exclusivamente lucrativos (Emilio Izquierdo y Luis Galo Barahona, directivos de Aricam).

En este caso tememos que la cuestión sea de orgullo personal de quien ha ejercido la acusación, el Fiscal Jefe de la Audiencia, Javier Muñoz. Y es que él mismo, en la exposición de sus conclusiones, lo confirmaba. Buena parte de su primera intervención la dedicó a deslegitimar la instrucción que del caso hizo la juez de Aoiz. Hay que recordar que ante las denuncias periodísticas, él, en persona, fue quien abrió las diligencias para, tres meses más tarde, perder el protagonismo a manos de una joven juez instructora que decretó el secreto de sumario y asumió directamente la investigación. Muñoz ha llegado a decir ante la sala que no sabía “para qué han servido 5 años de instrucción”, que ésta se hizo de manera “desenfocada” y que “se investigó sin límites”. Está claro que de no haber sido por la jueza de Aoiz, jamás se hubieran sentado en el banquillo de los acusados los empresarios que pagaron las dádivas por la recalificación. Con los tres meses que investigó Muños bastaba. Sólo políticos de segunda fila como Galipienzo hubieran comparecido ante el tribunal, sólo técnicos de tercera como Alás o Marco, hubieran pagado y, ninguno de ellos de forma excesiva.

Pero el componente de vendetta que se intuye en el proceder del fiscal jefe va aún más allá, porque desacredita la instrucción de la jueza, pero obvia que la propia Audiencia Provincial, en un auto emitido en junio de 2007, validaba la investigación que ésta llevó a cavo y sentaba en el banquillo a 10 de los 11 encausados en Aoiz. Compartió, al igual que en su día la jueza, el criterio de que ante los indicios delictivos detectados, debía procesarse no sólo a quien cobró por una recalificación ilegal, sino también a quien pagó por obtenerla y beneficiarse de ella. Es evidente que el fiscal no comparte estos criterios y es preocupante preguntarse porqué.

Y, finalmente. Lo más inquietante de la intervención de Muñoz es la sentencia de que casos como el de Egüés se producen a decenas en los ayuntamientos de Navarra. Si es así y vista la diligencia que hay en perseguirlos, mucho nos tememos que estaríamos presenciando una legitimación por omisión de procederes cuanto menos éticamente reprochables en los ayuntamientos, simplemente porque el mensaje que se manda desde el Ministerio Público es de normalidad. Y esto toma especial relevancia teniendo en cuenta que el propio Muñoz es quien va a llevar, por ejemplo, la instrucción del caso Cintruénigo.

Efecto ejemplarizante

En cuanto a la petición de la acción popular, es de destacar el empeño en que este proceso tenga un efecto ejemplarizante para aquellos constructores sin escrúpulos que en virtud del negocio y con chequera de por medio, consiguen tratos de favor por parte de la Administración. Los cargos públicos ya saben a qué se enfrentan con la Ley de Incompatibilidades en la mano, pero el objetivo de este juicio ha de ser dar un toque de atención a quienes siguen inmersos y alimentan la cultura del pelotazo a golpe de talonario con la seguridad de que la ley no llegará a ellos.

Andrés Percaz, letrado de la acusación popular, lo dejó claro ayer ante la sala: el de Egüés no es un juicio político, puesto que esa faceta ya se debatió en el Parlamento; es un juicio ético. No se puede permitir que ante la comisión de un delito de estas características sólo paguen los ejecutores y no los inductores cuando “está claro que hubo un concierto de voluntades entre los implicados para obtener un beneficio económico a cambio de una dádiva”. Hizo especial hincapié en que el supuesto del cohecho, delito que él defiende que se cometió, lo rozan las propias calificaciones tanto del fiscal como de la acusación particular ya que ellos mismos reconocen que la parte vendedora (Conchita Flores) “sabía perfectamente que la parcela recalificada era de uso escolar y con un valor comercial nulo” y que para conseguir venderla “se pagó una buena cantidad de dinero”. El hecho de que tanto Flores como Aricam y Galipienzo pactaran ocultar la operación, demostraría, a su juicio, la consciencia plena de que se estaba cometiendo el delito.

El juicio, casi visto para sentencia

2009-05-12T12:58:00.003+02:00

Nuestra persona en el juicio se ha salido de la Audiencia para decirnos que está a punto de terminar. Las acusaciones están exponiendo sus conclusiones finales. En principio, parece que las defensas lo harán esta tarde y de esta manera el juicio estará visto para sentencia.

Según fuentes consultadas por este blog, la sentencia se dará a conocer la semana que viene.

Después de tantos años esperando un juicio, se celebra a toda velocidad y la sentencia parece que tendrá el mismo camino. Por último, hemos comenzado a recibir a través de nuestro correo electrónico las primeras denuncias de usuarios y usuarias de la web. Nos ponemos en la pista y en los próximos días daremos a conocer estos nuevos casos. Nuestro correo por si quieres ponerte en contacto con nuestro blog es lacorrupcionajuicio@gmail.com.

La prensa del día

2009-05-12T10:05:00.003+02:00

A falta de lo que acontezca en la sesión de hoy a la mañana, el juicio casi está visto para sentencia. La prensa escrita ha bajado el nivel de información sobre el Caso Egüés. Aquí podéis leer lo relacionado con la sesión de ayer:

Peritos judiciales afirman que la parcela que recalificó Galipienzo "siempre fue escolar"

El juicio del Caso Galipienzo podría concluir un día antes de lo previsto

Nosotros seguiremos informando del juicio a lo largo del día. Además, en los próximos días entrevistaremos a abogados y personas que han participado en el juicio y ampliaremos información sobre otros casos que siguen en los juzgados como el caso Cintruénigo.

DESFILE DE CORRUPTOS. ¿CONEXIONES DEL CASO EGÜÉS CON LA MUELA Y EL POCERO?

2009-05-11T16:31:00.003+02:00

Parece que las defensas tienen prisa por concluir este juicio. Así al menos lo indica el hecho de que ayer renunciaran directamente a 12 testigos y comparecieran únicamente 4 que debían defender la tesis de que lo ocurrido en el caso Egüés no fue un delito urbanístico, sino una práctica normalizada en el mundo de los negocios. Por la audiencia pasaron alcaldes toledanos, empresarios aragoneses e industriales andaluces que mantuvieron que la interlocución con Aricam, siempre centrada en proyectos de alta alcurnia como urbanizaciones en campos de golf, fue siempre “correcta, ajustada a derecho y sin visos de ilegalidades”. Sin embargo, un vistazo al currículum de alguno de los testigos, no ayuda precisamente a sustentar su imagen de credibilidad.

Campos de Golf en la ribera aragonesa

Sin embargo resulta gracioso que el primero de los testigos que ayer compareció ante el tribunal, Manuel Muñoz, ligado a las firmas Intagro y Empresa Aragonesa de Aguas y Deporte, sea uno de los industriales que el juzgado de instrucción número 1 de La Almunia de Doña Gomina, en Zaragoza, está investigando en relación con la trama urbanística fraudulenta detectada en la localidad de La Muela, en la misma provincia, y por la que fueron detenidas 19 personas, entre ellas la alcaldesa de aquella localidad, Maria victoria Pinilla, del PAR. Los indicios de delito dan idea de la magnitud del caso por el que también se investiga a este constructor: corrupción, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero.

Muñoz, que trabajó junto a Aricam en 2003 en un proyecto para levantar una urbanización con campo de golf en la localidad de Fuentes del Ebro, distante en apenas 30 kilómetros de la capital aragonesa, aseguró que la colaboración era normalizada y que la actuación de Ignacio Galipienzo como asesor e intermediario se desarrolló dentro de los cauces empresariales habituales. El ex alcalde de Egüés actuaba como agente inmobiliario de Aricam y fue presentado a Muñoz por Emilio Izquierdo como “experto en temas urbanísticos”.

Tal fue la diligencia de “Iñaki” a la hora de asumir su papel que, al parecer, se extralimitó. A través de EDGU, la empresa que compartía con su mujer, Eva Iglesias, Galipienzo facturó a Muñoz sin que Aricam figurara en la operación, dos pagarés, el primero por valor de 31.000 euros, por tareas de asesoramiento. Muñoz aseguró que aquellos pagos se debieron a que fue el ex alcalde de Egüés, el mismo que no sabía de la incompatibilidad entre su profesión (promotor) y su cargo en el ayuntamiento, el padre de una “nueva línea de negocio con buenas perspectivas”: las urbanizaciones anejas a los campos de golf.

La macrociudad de El Pocero

José Luis Martín Jiménez fue el segundo testigo en comparecer hoy ante el tribunal. Ex alcalde de la localidad toledana de Seseña (desempeñaba el cargo en 2002), también suscribió el testimonio de que Ignacio Galipienzo actuaba con “absoluta normalidad” como responsable inmobiliario del Grupo Empresarial Aricam (GEA). Por aquella época el ex regidor de Egüés se presentó en Seseña de la mano de Emilio Izquierdo para proponer otro campo de Golf en unos terrenos que Aricam había adquirido en la localidad. La operación se tramitó “sin problemas” y aunque no se ha llegado a realizar, su aprobación no tuvo, según se desprendía del testimonio de Martín Jiménez, ningún problema.

Sin embargo el testimonio de Martín Jiménez queda en entredicho cuando uno se entera de que la Fiscalía Anticorrupción, en julio del año pasado, presentó ante el Juzgado de Instrucción de Illescas (Toledo) una denuncia contra él por las irregularidades cometidas en la recalificación de casi dos millones de metros cuadrados de suelo rústico para que la empresa ONDE 2000, propiedad de Francisco Hernando, más conocido como El Pocero, levantara 13.500 viviendas. La Fiscalía acusa al ex regidor socialista de prevaricación, cohecho y delitos contra la Hacienda Pública.
La historia tiene paralelismos: En su escrito, Anticorrupción acusaba al ex alcalde de Seseña de haber aprobado la macrourbanización de El Pocero a pesar de que existían informes desfavorables de la Junta de Castilla la Mancha. Una actuación que la Fiscalía vincula con un notable incremento patrimonial de Martín Jiménez. Así, en el año 2002, cuando la empresa de Francisco Hernando presenta su proyecto de urbanización, según "José Luis Martín, sin que conste el origen del dinero, suscribió fondos de inversión y seguros por importe de 158.000 euros y 1.800 euros respectivamente y adquirió un bien inmueble en Málaga por 9.617 euros". En mayo de 2003 y sólo 5 días después de que se aprobara el proyecto de Urbanización, dice la denuncia de forma literal que "José Luis Martín suscribió 3 fondos de inversión a favor de cada uno de sus hijos por importe cada uno de ellos de 48.000 euros. Junto a ellos, constan otras suscripciones de fondos de inversión en este mismo año 2003 por importe de 20.000 euros a dos de sus hijos, sin que las rentas declaradas por ellos, sustenten tales inversiones”. Ni el sueldo del ex alcalde (27.000 euros anuales) ni los 144.000 euros del cupón de la ONCE que José Luis Martín asegura que le tocaron justifican, a juicio de la Fiscalía, su incremento patrimonial.

Fuegos artificiales en Borox

El segundo alcalde toledano que desfiló hoy por la Audiencia fue Luis Miguel Díaz Navarro, primer edil de Borox, también por el PSOE. La historia se repitió aunque con una diferencia. Esta vez quien avaló a Galipienzo como responsable de área inmobiliaria de Aricam no fue su consejero delegado, Emilio Izquierdo, sino el también acusado, Luis Galo Barahona, entonces (2003) máximo responsable de GEA.

La línea testifical fue la misma y el mensaje, que “nada raro” hubo en la interlocución con Aricam, Galipienzo y Galo Barahona para proponer la creación en Borox de una urbanización con campos de golf. El proyecto aún está en trámite, pero resulta significativo que, al parecer, Aricam ya ha empezado a pagar favores. Es una menudencia comparado con la magnitud de los negocios de otros testigos, pero ¿sabían que Aricam pagó 30.000 euros para financiar los fuegos artificiales de las fiestas de Borox?

Que el proyecto del campo de golf aún no se haya aprobado definitivamente quizá lo explica el hecho de que Díaz Navarro esté más centrado en planes de mayor envergadura. Tanto es así que en marzo de 2008 Se presentó en Borox, con fiesta para los vecinos incluida, el mayor polígono industrial de la región, de 2,4 millones de metros cuadrados. Bajo la denominación de “Modelo Borox, kilómetro 0”, este proyecto supone, entre otras cosas, la construcción de 2.400 naves para todo tipo de empresas y la creación de 25.000 puestos de trabajo. Pero ahí no queda la cosa, ya que una vez que se vayan creando estos puestos de trabajo se irán desarrollando diversos proyectos residenciales que suman alrededor de 20.000 viviendas de todo tipo en el plazo de unos 25 años, campo de golf incluido.

El último testigo llamado por la defensa fue el empresario onubense Francisco José Alonso Pizarro, con intereses en el sector de los áridos en Huelva. El testimonio de Alonso sirvió también para apuntalar la tesis de que los negocios de Aricam se localizaban en todo el Estado y que las interlocuciones de Galipienzo e Izquierdo llegaban hasta Andalucía. No obstante, en esta ocasión y según señaló el testigo, no hubo acuerdos.

Los peritos

La renuncia de la defensa a 12 testigos aceleró la marcha del proceso y las pruebas periciales que estaban prevista para mañana se adelantaron a hoy. Poca historia tienen estos testimonios técnicos que lo que vivieron a confirmar por boca de los diferentes péritos que pasaron ante el tribunal, es que la parcela de la discordia, la S.2.2. de Gorraiz, fue calificada siempre como suelo de uso escolar.

El juicio puede terminar mañana

2009-05-11T13:28:00.002+02:00

El juicio del Caso Egüés está yendo muy rápido. La defensa ha renunciado esta mañana a 12 testigos y las pruebas periciales, que estaban previstas para mañana, se han adelantado a hoy. En principio, el juicio puede quedar visto para sentencia para mañana mismo.

No obstante, en un rato colgaremos nuestra crónica de todo lo que ha acontecido esta mañana en el juicio.

Se reanuda el juicio

2009-05-11T09:50:00.003+02:00

Hoy se reanuda el juicio con más testigos. Las sesiones están yendo más rápidas de lo pensado inicialmente, ya que los abogados han retirado a algunos testigos. En principio, parece que esta semana puede terminar.

Por otro lado, queremos destacar que mañana esta web cumple una semana y podemos decir que hemos rebasado las 1.300 visitas. A pesar de que el juicio termine, nosotros y nosotras seguiremos con este blog para denunciar todos los casos de corrupción que haya. Además, unvestigaremos posibles nuevos casos.

La prensa del día

2009-05-09T11:31:00.002+02:00

Diario de Noticias y Diario de Navarra han echado el resto en la cobertura de la sesión de ayer. Las declaraciones de los técnicos del departamento de Ordenación del Territorio dieron mucho de sí y contradijeron los testimonios dados en la primera sesión por las personas que están sentados en el banquillo. Os ponemos los links con todas las noticias.

Galipienzo no informó al Gobierno

Las empresas dicen no saber nada

Flores recalificó el terreno en tres ocasiones

El Financiero de GEA

Galipienzo utiliza una empresa para ocultar comisiones

El Gobierno considera escolar el terreno

Habla el comprador de la parcela

Galipienzo ocultó su empresa por ser alcalde

El juicio continuará el próximo lunes por la mañana.

¿A MÍ ME PREGUNTA?... SI YO SÓLO PASABA POR AHÍ...

2009-05-09T00:05:00.003+02:00

Tres cosas han quedado claras hoy en la jornada matutina del juicio, centrada en el interrogatorio de testigos y técnicos. Por una parte que el departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda no avaló en ningún momento el cambio de uso de la parcela S.2.2. (lo ratificó su entonces director general, Luis Zarraluqui, y el técnico Sáenz de los Terreros); por otra parte, que el juez lo tendrá difícil para sacar algo en claro del entorno empresarial de los acusados (nadie se acuerda de nada…) y, finalmente, que Emilio Izquierdo fue el principal maquinador de la operación fraudulenta y que Ignacio Galipienzo sabía perfectamente lo que hacía cuando se prestó a ejecutarla.

Los técnicos

De los 8 testigos interrogados a la mañana (son los más importantes), hay que destacar las declaraciones coincidentes de Luis Zarraluqui y Saénz de los Terreros. Contradiciendo el testimonio de Galipienzo, Alás y Marco, ambos desmintieron que el Ayuntamiento de Egüés les comunicara en julio de 2002 el cambio de uso de la parcela y, por supuesto, que ellos lo respaldaran. Zarraluqui se enteró por Terreros y entonces envió una carta de advertencia al Ayuntamiento de Egüés sentenciando que ese cambio “bajo ningún concepto” se podía aceptar. El entonces responsable de Ordenación del Territorio fue tajante: “Gallipienzo se extralimitó en sus funciones y nosotros se lo advertimos”.

Los empresarios

En el terreno empresarial el primero en comparecer José Joaquín Senosiáin, presidente del Grupo Empresarial Aricam (GEA) y copropietario del emporio Cetya, Canteras de Echauri y Tiesas. El mayor de los Senosiáin (son tres hermanos) titubeó con los brazos a la espalda ante el interrogatorio de la acción popular. De su testimonios poco se puede sacar en claro salvo sendas contradicciones entre su declaración y lo que consta en las actas de los consejos de administración de GEA y Apartamentos Gorraiz (empresa dependiente del grupo que era la encargada de levantar el apartahotel). Senosiáin aseguró que no recordaban nada de aquellas actas, negó que el contemplará usos diferentes a los del apartahotel y sentenció que la operación se hizo porque era “una oportunidad de negocio”. Sin embargo en los papeles, que cuentan con su firma, queda claro que desde un principio Aricam ideaba que en la parcela recalificada se levantara un complejo de apartamentos y que la estrategia urdida era, en todo momento, la recalificación del terreno.

La declaración de su hermano Isidro Senosiáin, presidente de Apartamentos Gorraiz y consejero de Aricam, fue en el mismo sentido, pero aún más demencial. Él fue quien consultó al ayuntamiento sobre el cambio de uso de la S.2.2. y sin embargo no se acordaba. Él fue quien dio luz verde al proyecto del apartahotel que luego se convertiría en un complejo de apartamentos y tampoco se acordaba. La firma que preside se hizo con la titularidad de los terrenos y ya no la tiene (no sabe como) y, finalmente, tampoco pudo explicar cómo hizo la transferencia de esa titularidad a Aricam ni qué uso futuro se prevé para la parcela. Vamos, que él sólo pasaba por allí…

Lo mismo exactamente que Manuel Álvarez, el presidente de Salud Laboral 3000, empresa participada por Aricam que se encargó de la compra de la S.2.2. a Construcciones Flores, y de la venta, 40 minutos después, a Apartamentos Gorraiz generando una plusvalía de más de 300 millones de euros. Sólo reconoció que él cumplía las órdenes de Emilio Izquierdo y del consejo de administración de Aricam, cuando un buen día se presentó en Pamplona para firmar con Conchita Flores la compra de los terrenos. Aseguró que él no redactó el contrato, que a él le habían “marcado el camino” y que ni siquiera conocía entonces las características de la parcela. Añadió que una recalificación por más de 300 millones como la que posibilitó es algo “normal” y que a él en ningún momento le pareció nada sospechoso. La pregunta es clara: ¿Hace usted recalificaciones como esta todos los días?

El contable

Sólo del testimonio de Óscar Pérez, responsable financiero de Aricam en 2003 y despedido en 2006 apenas unos días después de comparecer en la comisión de investigación del Parlamento, se pudo sacar algo en claro. Pérez sí señaló directamente a Emilio Izquierdo y a Ignacio Galipienzo como los responsables de la operación; sí dijo que el ex director general de Industria con UPN conocía exactamente el destino de las facturas que pagaban los servicios del ex alcalde; y sí reveló que éste reclamaba con énfasis los pagos que se le debían. Nadie le explicó claramente el concepto de esos pagos y tampoco la naturaleza de la operación que se estaba llevando a cavo, simplemente se le dijo que Galipienzo era “el responsable del área inmobiliaria del grupo”.

El testaferro

Lo de Raimundo Cid, gerente de EDGU, la empresa a la que Galipienzo desviaba las comisiones que cobró y cuya titularidad compartía el ex alcalde con su esposa, Eva Iglesias, fue graciosísimo. Cid aseguró que no conocía las cuentas de la empresa que gerenciala, que él no cobró ni un solo euro de EDGU y que simplemente figuraba al frente de la firma por “amistad”. Conoció a “Iñaki” (nombre cariñoso con el que se identifica a Galipienzo) en “un viaje al Caribe” y a partir de entonces trabaron una relación “profunda”. Aceptó ponerse al frente de la firma del ex alcalde y de su esposa por “razones de terrorismo”, puesto que Galipienzo como mandatario municipal de UPN “estaba amenazado”. A partir de ahí no sabe nada más, ni siquiera que una orden bancaria hacía transferencias instantáneas de capital de la cuenta de la empresa a una personal de Galipienzo cuando en caja había más de 3.000 euros.

Lo dicho: el también pasaba por allí……..

El Mentidero

2009-05-08T13:48:00.003+02:00

Nuestra sección El Mentidero nos descubre quiénes son los prestigiosos abogados de la defensa. La verdad que se han dejado una pasta para intentar salir limpios de este juicio que, de momento, está dejando muchos trapos sucios encima de la mesa.
Esta tarde continuan las declaraciones y prometen novedades. Alguno de ellos ya comparecieron en la Comisión de Investigación del Caso Egüés del Parlamento de Navarra.
Próximamente también hablaremos del resto de abogados del juicio.

La prensa del día

2009-05-08T09:33:00.003+02:00

En unos minutos comienza la segunda sesión del juicio con la declaración de 20 testigos. Veremos qué actitud tiene el Ayuntamiento de Valle de Egüés y los propios acusados, entre los que se comienza a plasmar cierto mal rollo.

Aralar critica al Ayuntamiento de Egüés en el juicio contra Galipienzo

Por otro lado, agradecemos a todas las personas que están siguiendo este blog y nos están felicitando por el esfuerzo realizado. Asimismo, os animamos también a participar en este blog y a aportar ideas en el correo electrónico lacorrupcionajuicio@gmail.com.

Los testigos de mañana

2009-05-07T18:28:00.001+02:00

La sesión del juicio se reanudará mañana a partir de las 10 de la mañana y se prolongará a lo largo de toda la jornada.

Están llamados a declarar 20 testigos:

- Oscar Pérez (financiero de Aricam)
- José Joaquín Senosiáin (accionista y directivo de Aricam)
- Jesús Miguel Monteano (técnico del gobierno de Navarra)
- Luis Zarraluqui (director general de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra en 2003)
- Ramón Sáenz de los Terreros (técnico de Ordenación del Territorio y Vivienda)
- Isidro Senosiáin (accionista y directivo de Aricam)
- José Antonio Pérez Vera
- Jesús Borque (adscrito a la empresa DGU)
- Raimundo Cid López (gerente de DGU)
- Francisco Javier Senosiáin (accionista y directivo de Aricam)
- Javier Troyas (accionista de Aricam)
- Alfredo Bastida
- Francisco Manuel Zuasti
- Marco Antonio Caballero
- Julián Ignacio Cañas
- Vicente Ripio Bertolo
- Andrés Vázquez Vera
- Dos agentes de la Policía Foral

PARA ODIARSE Y ACUSARSE, SE QUIEREN MUCHO…

2009-05-07T17:21:00.001+02:00

Galipienzo acusa a sus asesores municipales, la arquitecta Nuria Alás y el gerente Jesús Marco, de ser los responsables de la recalificación fraudulenta de la parcela para el apartahotel, pero al llegar al juicio se estrechan calurosamente las manos y hablan distendidamente, como amigos de toda la vida. Incluso Galipienzo, cuando ve entrar a la arquitecta (llegó más de media hora tarde al juicio), se levanta como si estuviera en una taberna y le planta dos besos. Teniendo en cuenta que, según su declaración, la negligencia de ambos explicaría la trama (y su acusación por cohecho), parece muy extraño tal grado de afinidad. Y viceversa, que Marco mantenga que advirtió al alcalde de la ilegalidad que estaba cometiendo y aún así no le hizo caso y que , como consecuencia de ello (según su declaración), se siente ahora en el banquillo de los acusados, tampoco cuadra con que aún se tengan ese aprecio.

El ex alcalde afirmó también ante el Tribunal que no intermedió con Concepción Flores (llamémosla Conchita) para comprar la parcela, pero él vestido de azul y ella de luto, conversan amigablemente en el hall de la sala de vistas antes de iniciarse la sesión. Es evidente que se conocen de algo más que de este espinoso asunto en el que uno mantiene que es inocente porque es estúpido (no le parecía incompatible ser alcalde de Egüés y promotor inmobiliario en la misma localidad), y la otra, con mueca permanente de directora de internado, asegura desconocer que esos terrenos iban a ser edificados (ella creía que se levantaría una residencia de alto standing). Ambos saben que mienten y se ríen, 138.000 euros de por medio (la comisión que cobró Galipienzo de Flores por la venta del terreno) lo atestiguan.

¡Y qué decir de Emilio Izquierdo y Conchita! El uno justifica la opacidad de la operación (Aricam no compró directamente los terrenos a Flores sino que lo hizo a través de una empresa interpuesta, Salud Laboral 3.000) para que la otra, propietaria de Construcciones Flores, no se enterara de que la competencia le birlaba los terrenos. Y ambos, quizá por ser del gremio, debaten sobre la marcha de la vista en un pequeño receso entre risas disimuladas.

A ellos se une Luis Galo Barahona, que mantiene que él sólo pasaba por allí, que no sabe nada de la trama y, si se lo preguntaran, diría hasta que nunca ha visto al resto de encausados. El director general del Grupo Aricam entre julio de 2002 y septiembre de 2006 negó tajantemente ante el juez cualquier vinculación con la operación de Gorraiz y eso, según hizo constar la acción popular, “a pesar de que su firma aparece en un contrato de RMA Urbana” (la sociedad administrada por Ruiz Bartolomé pero propiedad de Galipienzo). Quizá su experiencia como senador del PP por Burgos en los tiempos de Aznar le haya dado la capacidad de creerse sus propias mentiras, pero afirmó que no participó “en ninguna decisión relacionada con la operación”.

Pero lo de José Luís Ruiz Bartolomé e Ignacio Galipienzo ya es para mondarse. Es normal, ambos se lucraron con este fraude urbanístico y están convencidos de que no van a pringar. Llegaron juntos al Palacio de Justicia (media hora antes del juicio). Con paso seguro, tranquilo y acompañados por sus abogados, lucían sonrisa en la cara y transmitían autosuficiencia. El uno le abrió la puerta al otro y ambos se cedieron el paso caballerosamente. Y eso que Ruiz Bartolomé, testaferro del ex alcalde en la empresa RMA Urbana, acusó a Galipienzo, al que se dirigió con el nombre cariñoso de “Iñaki”, de ser el cerebro del delito. Dijo que él “pergeñó la operación y se facturó a través de RMA Urbana, porque era mi instrumento fiscal", aunque, eso sí, él tampoco vio nada raro en que el alcalde fuera también promotor. “Decía que no tenía dedicación exclusiva en la alcaldía y yo no era consciente de que hubiera que conceder una licencia especial”. Para triunfar tanto en los negocios, ninguno de los dos parece un “lumbreras”…. ¿Qué dice UPN?

Hoy no hay juicio

2009-05-07T12:36:00.004+02:00

Hoy no hay sesión en el juicio del Caso Egüés, Mañana sigue el juicio. Ayer hubo novedades y veremos lo qué da de sí la segunda sesión. Ayer nos lo pasamos muy bien. Galipienzo no sabe nada y dice que se dejaba guiar por sus asesores. Los asesores dicen que Galipienzo mandaba y ellos ejecutaban.

Más gracioso es lo de los constructores. El de Aricam, Emilio Izquierdo, ex alto cargo de UPN, dice que ocultó la operación como estrategia empresarial, mientras que Concepción Flores dice que vendió el solar como escolar para construir un geriátrico.

Parece de risa, pero lo peor de todo es que están hablando de algo muy serio, de un posible caso de corrupción. Igual de serio nos parece la intención del Ayuntamiento de valle de Egüés en este juicio, que está rebajando su postura inicial con un claro tinte político. No podemos olvidar que este consistorio está liderado por UPN. ¡Qué cosa más curiosa!

Aquí tenéis las crónicas de los medios de comunicación navarros.

Galipienzo se declara inocente

Habla el socio del alcalde

Izquierdo y sus estrategia empresarial

La versión de Flores

Galipienzo no vio incompatibilidades

El juez permite a Aralar seguir como acusación

UN JUICIO CONTRA LOS CORRUPTOS, PERO TAMBIÉN CONTRA LOS CORROMPEDORES

2009-05-06T17:30:00.003+02:00

Imaginen que Francisco Correa, supuesto cerebro del caso Gürtel, sí ese que implica a altos cargos del PP en Madrid y Valencia por el cobro de comisiones a cuenta de contratos públicos, no se sentara en el banquillo de los acusados porque sólo se considera que recae en un delito de soborno el cobrador, es decir los políticos, y no el pagador, es decir el propio Correa..

Imaginen algo más mundano: la compra de partidos clave en la Liga de Fútbol Profesional, esos en los que un equipo se deja perder para favorecer los intereses del contrincante. Si no se sancionara tanto al que paga como al que cobra, la consecuencia sería una carta blanca para aquellos clubs pudientes cuyas amplias arcas se pueden permitir la capacidad de tentar a los modestos. Ellos nunca tendrían responsabilidad, sólo los que cobran. La única lectura posible es que la Justicia estaría amparando la máxima de que el dinero es el que manda.

Pues eso es precisamente lo que las defensas de cuatro de los siete acusados del caso Egüés (Emilio Izquierdo, Luis Galo Barahona, Concepción Flores y Jesús Marco) pretendían conseguir en la sesión inaugural de este proceso. Sólo quien ejerce la acción popular, Aralar en este caso, mantiene la acusación contra los cuatro como autores o colaboradores necesarios (en el caso de Marco) de un delito de cohecho. Izquierdo, Galo Barahona y Flores no cobraron por el negocio de la recalificación de los terrenos de la S.2.2. (parcela de uso escolar convertida en urbanizable por el concurso del ex alcalde de Egüés por UPN, Ignacio Galipienzo), pero sí pagaron las comisiones para que el delito urbanístico se produjera. En el caso de Izquierdo y Galo, directivos del Grupo Empresarial Aricam (GEA), compradores últimos de los 16.300,69 metros cuadrados de la S.2.2., más de 90.000 euros al ex alcalde de UPN; en el caso de Concepción Flores, propietaria entonces (2003) de Construcciones Flores, empresa que tenía la titularidad de la parcela de uso escolar, 150.000 euros que se repartieron el propio Galipienzo (138.000 euros) y su testaferro, José Luis Ruiz Bartolomé (12.000 euros).

Esos hechos están constatados no sólo en el auto de la jueza instructora de Aoiz que realizó la investigación del delito urbanístico (fechado en octubre de 2005 tras dos años de pesquisas), sino también en el dictamen de la Sección Primera de la propia Audiencia Provincial (de junio de 2007) por el que tres de los 10 imputados iniciales se libraban de los cargos que, no obstante, se mantenían en el resto de los casos.

Sobreseer la causa contra estos tres acusados (y contra Marco por ampliación) hubiera sido poco menos que despenalizar a quien ofrece y concreta dádivas a cargos políticos; hubiera sido como proclamar que sólo tienen responsabilidad penal los corruptos y no los corrompedores; hubiera sido, en definitiva, como dar carta blanca a que casos como el de Egüés, puedan reproducirse con total impunidad.

Lamentable papel del Fiscal Jefe, Javier Muñoz

Es entendible que las altas nóminas que cobran los abogados de estos cuatro acusados y, por extensión, las de las defensas de los otros tres imputados (el propio Galipienzo, su testaferro, José Luis Ruiz Bartolomé y la arquitecta municipal que avaló la operación, Nuria Alás), obliguen a solicitar al juez el sobreseimiento de los cargos que se les imputan (cohecho, con penas de hasta dos años y cuatro meses de cárcel y fuertes multas), lo que es más difícil de entender es que el ministerio público, representado en este proceso por el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, Javier Muñoz, también lo haga. Y es que Muñoz fue el primero en pedir la reprobación de la acusación popular, basando su argumentación en la supuesta falta de legitimidad de un partido político para ejercer tal función.

De su exposición ante el Tribunal podría deducirse que el jefe de los fiscales navarros en primer lugar no cree que los partidos políticos sean representantes de la ciudadanía y ello les otorgue legitimidad para actuar en defensa de los intereses de ésta y, en segundo lugar, parece que Muñoz entiende la personación de Aralar como una especie de usurpación de sus funciones. Y es que llegó a afirmar que la acción popular “altera el proceso” puesto que sólo responde a “intereses políticos” obviando que fue el concurso de esta acción, así como la ejercida en su día por los concejos del valle, el que impulsó la instrucción del caso.

Respecto a la usurpación de funciones, mantener que ya están personados en el juicio una acusación pública, la ejercida por él mismo, y una acusación particular, la que representa al Ayuntamiento de Egüés, y afirmar que ambas son las únicas con legitimidad para acusar (sólo señalan como posibles culpables a Galipienzo, Ruiz Bartolomé y Alás), supone poco menos que expresar con total prepotencia que su ministerio nunca yerra, además de cuestionar abiertamente, y no sólo para este caso, la figura de la acusación popular y el derecho constitucional que la sustenta.

La Justicia no debe ser un coto privado de egos, sino un foro en el que se juzguen hechos y se determinen responsabilidades y, desde luego, la exculpación directa de los corrompedores, no parece la manera más apropiada de erradicar una conducta tan execrable como la de la corrupción de la clase política. Sólo por eso, el fiscal debería haber defendido la legitimidad de un partido político para velar por el correcto funcionamiento de la Administración.

Habrá juicio.

Menos mal que el juez, Emilio Lavilla, pese a la presión que supone el posicionamiento en contra de la Fiscalía y de todas las defensas, entendió que la acusación popular debía seguir personada en el proceso. Al margen de interpretaciones jurídicas sobre la jurisprudencia (los abogados defensores se emplearon a fondo durante más dos horas citando hasta cinco sentencias diferentes para tratar de demostrar “lo injusto” de ser acusados por una acción popular), el magistrado entendió que la magnitud de los cargos, el hecho de que fueran diferentes a los que plantea la Fiscalía y, sobre todo, la argumentación de los mismos (basada en la instrucción del juzgado de Aoiz y en el dictamen de la Sala Primera de la Audiencia Provincial), justificaba no hacer efectiva la petición de recusación.

Las defensas de los siete acusados protestaron formalmente por esta decisión que estará plasmada en la futura sentencia. También lo hizo la acusación particular, que representa al Ayuntamiento de Egüés, y, como no, el omnipotente Muñoz que a ojos de este humilde observador, no pudo evitar una mueca de desagrado.

El resultado final es que, por suerte, este no será un juicio normal, porque por primera vez, se juzgara a los corruptos, pero también a los corruptores.

El juicio, según las agencias

2009-05-06T17:22:00.002+02:00

Las primeras crónicas de lo que ha ocurrido en el juicio durante esta mañana ya nos están llegando. Aquí tenéis la crónica según la agencia Europa Press.
Además, también podéis ver cómo ha dado la noticia Canal 6 con las imágenes de Ignacio Galipienzo entrando al Juzgado. No tienen desperdicio las explicaciones dadas por el fiscal durante la sesión de esta mañana.

El juez acepta que Aralar ejerza la acción popular

2009-05-06T12:15:00.001+02:00

¡¡¡Noticias frescas!!! El juez ha rechazado las alegaciones de la defensa de los tres constructores que pedían que Aralar no pudiera ejercer como acción popular. De esta manera y dado que ninguna otra parte pedía su acusación, hubieran quedado absueltos. Por lo tanto, los tres constructores, ex altos cargos de UPN y PP, seguirán sentados en el banquillo de los acusados.

Corrompidos y corrompedores, por primera vez en el banquillo

2009-05-06T12:07:00.001+02:00

Si algo tiene de novedoso este juicio es que por primera vez se sientan en el banquillo los presuntos corrompidos (Ignacio Galipienzo, su testaferro, la arquitecta municipal y el asesor legal), y los presuntos corrompedores, que son los constructores.
En Navarra ya hay un precedente como el Caso Huarte, que sólo llevó al banquillo a los corrompidos, pero los que pagaron al político no fueron ni siquiera juzgados.
En el Caso Egüés no ocurre lo mismo porque tanto el Ayuntamiento de valle de Egüés como Aralar han mantenido la acusación contra Flores y Aricam. Sin embargo, de forma sorprendente, el Ayuntamiento ha retirado la acusación a Aricam y los abogados de los constructores han pedido que Aralar no pueda ejercer la acción popular.

Seguimiento de la prensa escrita

2009-05-06T11:58:00.001+02:00

El Caso Egüés ha tenido eco mediático tanto en el Diario de Noticias, que fue el medio de comunicación que destapó la corrupción, como del Diario de Navarra, que ayer y hoy han continuado información e intentando lavar la cara de Galipienzo y sin ni siquiera nombrar que fue de UPN.

¿Alguien se acuerda que Sanz defendió a Ignacio Galipienzo?

Galipienzo y otros seis imputados se sientanen el banquillo tras más de cinco años

Culpabilidades que se están haciendo de rogar

Galipienzo pagará a Hacienda lo no declarado como promotor y la multa

Por otro lado, sorprende que el Ayuntamiento haya retirado la acusación a Aricam, algo que esperamos que el alcalde, curiosamente de UPN, aclare y explique los motivos.

Comienza el juicio

2009-05-05T20:37:00.001+02:00

Mañana 6 de mayo a las 10.00 horas comienza el juicio del llamado Caso Egüés en el que serán juzgados el alcalde de valle de Egüés, Ignacio Galipienzo, su testaferro, José Luis Ruiz, la arquitecta municipal, Nuria Alas, el asesor legal del Ayuntamiento, Jesús Marco y los constructores Conchita Flores, Luis Galo y Emilio Izquierdo. La información diaria del juicio la podrás seguir en este foro.

Más información sobre los acusados aquí.